Con más de 30 años de establecida, la Corte de Constitucionalidad es el supra organismo que administra, distribuye y canaliza el sistema de justicia Constitucional de Guatemala, con todas las competencias de protección de la justicia, deberes y derechos de los ciudadanos. Es la máxima autoridad en todos los casos judiciales relacionados con la violación de derechos constitucionales y derechos fundamentales de los ciudadanos. Maneja un promedio anual de 7 mil casos y los procesos son de acceso tanto para profesionales naturales del sector justicia como para organismos que interactúan en esta administración. La transparencia, disponibilidad, blindaje, seguimiento, seguridad y soporte de la información son vitales para que los tiempos de ejecución establecidos en las leyes del país centroamericano se cumplan correctamente.
A partir del año 2012, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala se trazó como objetivo la modernización y sistematización de sus procesos. Tres años más tarde, tras una fase de capacitación al personal en manejo y control de la información digital, inició una primera etapa que consistía en crear expedientes electrónicos en vez de físicos a la nuevas solicitudes de casos que ingresaban al organismo.
El Director de TI, Allan Culajay explica que “en los últimos años, la Corte de Constitucionalidad ha jugado un papel fundamental para el sector Justicia del país, y muchos de los procesos que conduce pueden tener un alto impacto en todo el sistema judicial. La transparencia y el control permiten que los resultados sean blindados”. A la etapa de creación de expedientes digitales, le siguió la adhesión de la firma electrónica haciendo más expedita cada solicitud, emisión y transacción de documentos. “Una de las instituciones que utiliza la firma electrónica en todas sus resoluciones y sentencias, es la Corte de Constitucionalidad”, reconoce Culajay.
A estas etapas se le sumó un tema fundamental: la disponibilidad y seguridad en el resguardo de los expedientes en la nube. No hay que perder de vista que se trata de un material de altísima sensibilidad por la información que contiene. “La confidencialidad de la información allí dispuesta, el acceso controlado y el seguimiento de cada uno de los expedientes debían estar totalmente garantizados en una plataforma segura, con un proveedor confiable. Nuestro desafío no sólo era optimizar los tiempos de ejecución sino blindar el tracking y el acceso de cada uno de los casos”, admite.
Los ciudadanos guatemaltecos cuentan ahora con un sistema judicial que les provee seguridad procesal y los tiempos de respuesta de los organismos vinculados ya no representan retraso en esta materia, así lo advierte el Director de TI. “Hemos observado mejoras en los tiempos procesales. Incidentes como extravíos o desubicación de expedientes físicos, ya no ocurren. Hubo muchos casos que se desaparecían y se dificultaba hacer el seguimiento. Con la información digital ahora se puede saber quién los consulta, quién lo tiene asignado, cuánto tiempo ha permanecido con el expediente o si se están cumpliendo los plazos”.
Pero esto va más allá. Guatemala es un país con más de 17 millones de habitantes y una extensión territorial de casi 110 mil km2. La centralización del sistema judicial implicaba el desplazamiento no sólo de ciudadanos, juristas y abogados, sino el uso de correos físicos. Culajay afirma que el impacto positivo ha alcanzado la inmediatez de la comunicación. “En la mayoría de los casos de aquellos que se encuentran fuera de la capital, las notificaciones se les hacía llegar de forma tradicional. Esto muchas veces lleva semanas o incluso meses, depende de la región y de la dirección que tengan registrada para recibir estos expedientes”.
El Director de TI de la Corte de Constitucionalidad explica que muchos de los usuarios están familiarizados con el uso de la nube porque la mayoría utiliza herramientas de almacenamiento o correo electrónico, “este tipo de cambios proporciona mayor facilidad para realizar las actividades diarias dentro de la institución. Muchos de los abogados suscritos se benefician al punto de que ya no necesitan venir a la Corte para dar seguimiento a un expediente, evacuar alguna audiencia o algún tipo de memorial que tenga un plazo definido. Basta con tener una conexión a internet, una computadora, un usuario y una contraseña”.
Culajay señala que uno de los ejemplos más puntuales es que la Corte mantiene ahora comunicación completamente electrónica con los organismos con los que se relaciona, “Instituciones como el Ministerio Público, que interviene en tal vez el 90 o 95% de todos los casos, la Procuraduría de los Derechos Públicos, la Defensa Pública Penal, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas, el Organismo Judicial, es decir, todo el sistema del sector justicia de Guatemala se ha visto beneficiado con la decisión de haber trasladado nuestra actividad a la nube”.
Todos los casos que lleva la Corte de Constitucionalidad tienen un tiempo específico establecido en ley para cumplirse. Culajay explica que el control es mucho más efectivo a partir de esta migración: “Uno de los factores importantes del sistema es que tiene agregado el seguimiento o alertas que pueden ser vistas por los coordinadores de áreas o por los mismos magistrados. Si un caso tiene una o dos semanas de atraso, ahora pueden verificar el motivo. Estos indicadores han sido de mucha utilidad, además que a algunos tipos de expedientes se les ha aplicado la Norma ISO 9001:2015. Antes no se tenían y resultaba difícil hacer seguimiento”.
“Toda la información transaccional (expedientes electrónicos), así como las consultas de casos que generan jurisprudencia se desarrolla usando Amazon Simple Storage Service. Igualmente estamos alojando en la nube todo el archivo histórico de la Corte de Constitucionalidad, desde el año 1985. Básicamente, casi toda nuestra información se está manejando utilizando los servicios y las herramientas de AWS”, señala.
Lo que sigue es una planificación establecida desde la Dirección de TI de la Corte, dirigida por Culajay: “En 2019, consolidaremos nuestro centro de datos principal en la nube para convertir a la Corte en réplica local, para ello la firma electrónica será manejada con los servicios de AWS”.
Culajay explica además que “se ha trabajado sobre un plan piloto construido en base a Amazon EC2 con sistemas operativos Windows y Linux, RDS con Oracle como base de datos, Amazon CloudWatch y Amazon Simple Notification Service (SNS), una de las herramientas que ofrece AWS para la administración y distribución de mensajes por correo electrónico en tiempo real, según parámetros definidos por la Corte de Constitucionalidad. Esto está planificado como un proyecto para 2019”.
Hacia el año 2020, el paso es aún más ambicioso. “Estamos evaluando los sistemas de autenticación. Para ello, con AWS estaremos desarrollando los métodos para reconocimiento facial y autenticación biométrica que permitan gestionar las audiencias y vistas públicas remotas a través de video conferencias”, concluye.
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